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Industria y el sector fotovoltaico, el serial del verano
Parece que se recompone el diálogo tras el fracaso del encuentro del pasado 21 de julio entre el ministro Miguel Sebastián y las asociaciones fotovoltaicas. El sector se reunió ayer por la tarde con el Secretario de Estado de Energía y lo ha vuelto a hacer este martes, también en sesión vespertina en un encuentro cuyo contenido aún no se conoce.
Las asociaciones fotovoltaicas han intuido un cambio de actitud del Ministerio de Industria respecto a la última reunión, aunque el gobierno ha vuelto a resaltar su voluntad de ajustar a corto plazo el mercado fotovoltaico. Desde hace semanas ha dejado claro su propósito de ahorrar 1.000 millones de euros anuales.
En el encuentro de ayer no se abordó uno de los asuntos más delicados, las tarifas a futuro. La pretensión del Ministerio, según expresó el pasado 21 de julio es una reducción del 65% de la tarifa para las instalaciones construidas sobre suelo. Este tema se aparcó a la espera de avanzar en otros como la limitación horaria (el número de horas de producción en la que las plantas fotovoltaicas cobrarían la prima por generar electricidad).
Industria dice que la reducción de horas con derecho al cobro de la prima es innegociable, pero ha admitido que quizá sean escasas las horas computadas en la propuesta realizada, y podría haber una ampliación. En la reunión de la semana pasada planteó 1.250 horas al año para las instalaciones fijas y 1.664 para las que tienen seguidor, es decir las que contiene el Plan de Energías Renovables 2005-2010.
Novedades en el desencuentro
Las posturas entre ambas partes están alejadas, pero en las últimas horas se han producido algunas novedades como el pago diferido. Industria propuso ayer establecer un mecanismo transitorio y excepcional de pago diferido para rebajar la retribución de las instalaciones durante los próximos dos o tres años, recuperándose esta cesión económica posteriormente.
Los representantes del ministerio también fueron receptivos ante el recordatorio de que se han cumplido los doce meses de los que disponían las instalaciones adjudicadas en la primera y segunda convocatoria de 2009 del Registro de Preasignación de Retribución. Quien no hay completado su proyecto, dice la ley, perderá el aval depositado. Según los datos de ASIF, por este camino se podrían recuperar más de 100 millones de euros.
En contra de lo que sucedió en la reunión del 21 de julio, en la que Industria exclamó “no somos la policía”, ayer se mostró dispuesto a identificar a las instalaciones que se acogieron irregularmente al RD 661/2007, y que por ello están cobrando una prima más alta de lo que les corresponde. Incluso mencionó su intención de llevar a los responsables “a la cárcel”. Según los cálculos de las asociaciones fotovoltaicas, en este capítulo se podría estar hablando de recuperar entre 500 y 800 millones de euros anuales.
Ante la ejecución de los avales y la persecución de los irregulares, el “Ministerio es conciente”, dice ASIF en un comunicado enviado a sus socios, “de que las comunidades autónomas tienen la mayoría de las competencias, pero se mostró dispuesto a actuar con firmeza y rapidez para conseguir que los posibles focos de conflicto institucional no eviten que se consigan importantes ahorros a corto plazo”.
Otro de los asuntos aparentemente encauzados pero pendiente de solución es el de la repotenciación de las instalaciones. Se trata de plantas acogidas a tarifas antiguas con equipos adquiridos a precios más baratos por la evolución tecnológica. Industria aseguró que pretende evitarlo, pero no concretó la manera para limitar esa práctica.